viernes, 22 de enero de 2016

La Renta Básica y la liquidación del Estado de Bienestar. Crítica a la versión neocon de la RB


El día 12 de enero, antes de ser aparentemente borrado, un tuit enviado por el activista pro-Renta Básica, Scott Santens incluía, sin ningún texto explicativo, una foto con un párrafo en el que se proponía reinventar la seguridad social a través de la Renta Básica universal.
El mencionado párrafo corresponde a un artículo publicado el día anterior en la web británica, de línea neoconservadora, Conservatives for Liberty. En el artículo, su autora, Elena Attfield, defiende la propuesta de la Renta Básica como instrumento clave en una estrategia de superación del modelo del Estado de Bienestar que habría alcanzado su “fecha de caducidad”.


Según Attfield, la nueva forma de seguridad social que representa la Renta Básica “tiene el potencial para alinearse con una plataforma para aumentar la libertad y minimizar el gobierno”. Entre las razones, menciona sin duda el tradicional problema del estigma asociado en los países anglosajones a la dependencia del welfare. Pero insiste, sobre todo, en las cuestiones que forman parte del bagaje intelectual de los enemigos del Estado del Bienestar: los desincentivos al empleo y, de manera especial, la insostenibilidad financiera del sistema tradicional de seguridad social. La Renta Básica universal “podría ser la solución a los males del Estado de Bienestar”, sostiene la autora, insistiendo en que no parece que los experimentos de aplicación de la Renta Básica hayan mostrado reducción significativa de los incentivos por el trabajo.
Determinados modelos de Renta Básica, en especial aquellos que podrían limitar el coste de la seguridad social del Estado de Bienestar, resultan sin duda funcionales con la visión neoconservadora de la protección, heredera en esta materia de las propuestas de Milton Friedman y Friedrich Hayek (que, al menos, sí contemplaban la existencia de una garantía mínima de ingresos a la población). Esto tiene que ver con el nivel de la Renta Básica que se intentaría establecer. Lo aclara a la perfección Elena Attfield al tratar de explicar por qué la propuesta sería funcional con el mantenimiento de los incentivos al empleo: “el nivel de Renta Básica proporcionada (por cualquier gobierno prudente) no sería ciertamente nada sustancial para poder vivir de ello. En el Reino Unido, de implementar una Renta Básica universal que fuera fiscalmente neutra (es decir, equivalente a lo que se gasta ahora en el welfare), cada ciudadano recibiría 423 £ por mes”.
Aunque Attfield dice proponer la Renta Básica como alternativa a estos problemas, la sujeción a las decisiones del gobierno de turno, o las políticas de recortes, también podrían acabar afectando a una Renta Básica que, en última instancia, se perfila en la visión neoconservadora como la única aportación del Estado para el Bienestar. Dado que distorsionan el funcionamiento del mercado, la asunción pública, total o parcial, de los costes asociados de la vivienda, la energía, el cuidado de niños acabarían desapareciendo. Aunque no se dice, esto podría acabar extendiéndose a largo plazo a la educación y a la sanidad públicas. Y, por supuesto, en el modelo neoconservador de Renta Básica, carecería de sentido cualquier propuesta de salario mínimo o incluso de complemento a los bajos salarios.
En última instancia, lo que verdaderamente esperan los neoconservadores de la Renta Básica es que acabe “por costar menos al contribuyente, o por sustituir al Estado de Bienestar” y a su sistema de seguridad social.
Llevada por la visión de la nueva sociedad, que supondría un renacimiento de la acción directa de la sociedad civil, Attfield llega al éxtasis al pensar en todo aquello que su Renta Básica podría llegar revertir: “¿Qué más podría un libertariano pedir: libertad individual y renacimiento de voluntariado?”, afirma. Pero hay algo más y lo señala a continuación: reducir el papel del gobierno en su papel en la redistribución de los ingresos. El objetivo buscado es “cortar el lazo del gobierno con las finanzas personales del individuo”.
Como he venido advirtiendo en los últimos tiempos, el experimento de Renta Básica propuesto en Finlandia tiene que ver, en parte al menos, con la concepción ideológica que inspira a Attfield y cuya traducción práctica es liquidar el Estado de Bienestar, tal y como lo conocemos. Evidentemente, no para consolidar mayores niveles de protección, simplemente aquellos que puedan resultar funcionales con la libertad económica y el gobierno mínimo. En su interpretación de la justificación de la propuesta por Juha Sipilä, primer ministro finlandés y líder del Partido del Centro, Attfield señala que la Renta Básica ofrece posibles soluciones tanto “a la superflua burocracia como a las trampas de la pobreza causadas en la actualidad por el Estado de Bienestar”.

No vale cualquier acusación contra los sistemas de rentas mínimas condicionados; y tampoco merece apoyo incondicional cualquier tipo de Renta Básica. Hay algunas propuestas para implantarla que no sólo merecen críticas parciales sino un rechazo absoluto. La que pretende sustituir todo el entramado del Estado de Bienestar por una Renta Básica, de cuantía “nada sustancial” para sobrevivir sin otras fuentes de ingresos, es una de ellas. Por desgracia, este este modelo de Renta Básica parecer ser el que está contribuyendo a acercar a la derecha tradicional y algún tipo de nueva izquierda al objetivo de acabar con la seguridad social tradicional.
Luis Sanzo

jueves, 1 de octubre de 2015

El proyecto finés de Renta Básica

Presentación del Gobierno de coalición de Finlandia. Foto Agencia EFE




Es un proyecto piloto de RB impulsado por el primer ministro Juha Sipilä. Líder del Partido de Centro, dirige una coalición de centro-derecha, pro-austeridad y con participación de los nacionalistas “Verdaderos Finlandeses”.

El proyecto se fundamenta en la premisa de que la RB podría contribuir a simplificar el sistema de Seguridad Social. Se busca experimentar el efecto de la RB sobre el comportamiento relativo al trabajo. En Finlandia, en estos momentos, se observan barreras al acceso al empleo entre las personas beneficiarias del sistema de protección social. En este sentido, el acceso al empleo puede suponer una pérdida de ingresos, sobre todo si se trata de trabajos temporales y mal pagados, con retrasos en la vuelta a las prestaciones al terminar la contratación. La preocupación por esta cuestión es grande en un país en el que la estabilidad en el empleo se ha visto muy afectada por los cambios en la naturaleza del trabajo.

El proyecto experimental se plantea en una perspectiva limitada, tanto en términos de las personas implicadas como de la cobertura geográfica (hay algunas referencias a 8.000 personas en total). En ese sentido, parece configurarse en línea similar a lo que se está planteando en localidades de los Países Bajos, dirigiéndose probablemente a personas beneficiarias de ayudas de asistencia social.

La cuantía que se plantea es bastante reducida, entre 400 y 700 euros. En términos de paridad de poder de compra, equivale a entre 300 y 520 euros para España. La segunda cuantía ha parecido excesiva en algunos sectores que están considerando el proyecto.

En conclusión, todo indica que se trata de una experiencia de lo que sería el modelo conservador de RB, con una cuantía baja que justificaría la “simplificación” (léase reducción) de la protección ligada al Estado de Bienestar. Este proyecto es contradictorio con el que se defiende en España respecto a la RB o modelos de Renta Garantizada que pretenden reproducir sus esquemas básicas, en particular en lo relativo a la ausencia de contraprestación. Pero hay que esperar a las concreciones definitivas, si es que se dan.

Nota: No todas las informaciones se basan en datos directos del Gobierno, con algunas suposiciones aportadas por conocedores, más o menos directos del proceso, pero que no han sido desmentidas.

Luis Sanzo