viernes, 30 de enero de 2015

La viabilidad política de la Renta Basica de Ciudadanía (V): La viabilidad del comportamiento inducido

La viabilidad política de la Renta Basica de Ciudadanía (V): La viabilidad del comportamiento inducido

(Este es el 5º y último post de una serie sobre viabilidad política de la RBC. Si quieres leer la serie empezando por el primer post puedes hacer clic aquí).
¿Serán aceptables para los mayoría los comportamientos
inducidos por la Renta Básica de Ciudadanía?

Para asegurar la viabilidad de una política de garantía de rentas no sólo es necesario que la mayoría de los ciudadanos voten en algún momento a favor de esa política. Es necesario que los comportamientos inducidos por la introducción de la política sean también aceptables para la mayoría a lo largo del tiempo. Precisamente una de las mayores controversias sobre la Renta Básica es el riesgo de que su introducción pudiera inducir a algunas o muchas personas a abandonar el trabajo remunerado.

Si el número de personas que abandonan el trabajo llega a ser importante amenazarían de hecho la viabilidad económica del programa, pero la mayor parte de la experiencia empírica existente indica que es poco probable que el abandono del trabajo sea importante. No se ha implantado un modelo completo de Renta Básica Garantizada en ningún país del mundo, pero sí existen algunos experimentos y multitud de experiencias que nos indican lo que se puede esperar. 

En realidad la mayoría de la gente no sólo trabaja por el dinero y son muchos los que prefieren tener un empleo aunque no lo necesiten económicamente. Por ejemplo, es bien sabido que la mayor parte de los “ricos” que no necesitarían trabajar realizan sin embargo actividades remuneradas. También sabemos que es muy raro que alguien deje su empleo cuando le toca la lotería, aunque se trate de un premio importante. Algunos investigadores se han dedicado a observar durante años qué ocurre con los ganadores de los sorteos y loterías en los que se gana “un sueldo para toda la vida” y lo que se han encontrado es que casi nadie abandona el trabajo. Sí que se dan cambios de empleo, no es raro que padres y madres con niños pequeños reduzcan su jornada para dedicar más tiempo a estar con sus hijos y algunas personas dejan el empleo para asumir el riesgo de buscar otro mejor, montar un negocio o crear obras de arte. También sabemos que muchos jubilados participan de un modo u otro en actividades productivas y de utilidad social. Otra fuente de evidencia son países como los nórdicos, que disponen de sistemas de garantía de rentas más costosos de lo que representaría un sistema de renta básica y siguen siendo países prósperos que han sorteado la crisis económica sin demasiados problemas. Por todo ello creemos que la introducción de un programa de renta básica de ciudadanía no representaría un riesgo económico real. La inmensa mayoría de la gente sencillamente seguirá trabajando porque una RBC nunca será más que una cantidad modesta y la mayoría de la gente prefiere vivir mejor de lo que la RBC permite.

Sin embargo, el problema de la “viabilidad política de los comportamientos inducidos” es más sutil. El problema es que incluso una minoría exigua de personas que decidiesen “vivir de la RBC” y simplemente no hacer nada, vaguear de forma nihilista, el típico “joven que ni estudia ni trabaja”, podría ser políticamente inaceptable. No es una cuestión cuantitativa, sino cualitativa. Estas personas representan un modelo de vida que gran parte de la sociedad rechaza y podrían comprometer la sostenibilidad política del sistema. Los enemigos de garantizar las rentas son quizá una minoría, pero son poderosos y no tardarán en encontrar a unos cuantos jóvenes de aspecto irreverente para sacarlos en la TV haciendo burla de los trabajadores honestos que pagan impuestos para pagar su modo de vida indolente e insolidario. El efecto podría ser políticamente demoledor. Tampoco les sería difícil encontrar a residentes de origen extranjero que viven de la RBC para presentarlos como buscadores de rentas que han venido a nuestro país a vivir a nuestra costa.  

Dificultades para la viabilidad política debido a los comportamientos inducidos por la política de rentas


Es preciso reconocer que el hecho de que ningún país o comunidad política haya introducido un sistema completo de garantía de la RBC supone un serio problema para la viabilidad política porque genera una notable incertidumbre sobre los comportamientos que inducirá. Existe una notable incertidumbre sobre los efectos en los comportamientos individuales y sobre los efectos en los comportamientos de grupo que conforman la economía agregada.

Además, tanto los defensores como los detractores de la garantía de una RBC estamos de acuerdo en una cosa: una renta garantizada de cuantía suficiente para la supervivencia podría tener efectos importantes en muchos comportamientos humanos incluyendo la actitud hacia el trabajo, la motivación para estudiar, la inclinación al emprendimiento, el uso del tiempo dedicado por las personas a actividades de cuidado de otros o al voluntariado… Y el modo concreto en que se llevase a cabo la reforma podría influir de forma decisiva en el crecimiento o disminución de la economía sumergida, el cumplimiento y la recaudación fiscal, el grado de civismo de los ciudadanos, la participación política en los asuntos públicos, el comportamiento reproductivo o en la dimensión de las migraciones.

Esta incertidumbre sobre tantos aspectos importantes para la sociedad es un problema serio porque no se puede proponer a una comunidad política entera que se arriesgue a embarcarse en un experimento social de consecuencias incalculables sin saber cómo prevenir los posibles efectos indeseables y tener un buen plan de contingencia para hacer frente a cualquier imprevisto que pueda suceder.

Ideas para mejorar la viabilidad política de los comportamientos inducidos por las políticas de garantía de rentas


Ante todo necesitamos que la política de garantía de rentas no sea un modelo rígido sino una estrategia adaptativa para dotarla de la robustez necesaria. Basta con mirar un poco hacia el pasado reciente para ver que la economía sufre de ciclos de expansión y de recesión. Con toda seguridad volverá a haber en el futuro ciclos expansivos y recesivos ¿Cómo diseñar un sistema de garantía de rentas para que funcione de forma efectiva incluso en periodos de crisis económicas? 

Pero esa es solo una de las preguntas posibles. Una política de garantía de rentas debe tener una respuesta clara a esta pregunta, pero también a algunas otras como ¿Qué pasa si aumenta la inmigración? ¿Y si aumenta la natalidad? ¿Y si el empleo disminuye? ¿Y si disminuye el interés de los jóvenes por estudiar? ¿Y si no aumenta el crecimiento económico y disminuye la recaudación fiscal? ¿Y si aumenta el nivel de precios de los productos básicos? ¿Y si…? El problema es que no podemos realmente predecir qué sucederá porque los comportamientos humanos son esencialmente impredecibles y porque los efectos de la política de rentas no sólo dependerán de las acciones de esa política sino de muchos otros factores externos. En un libro que publiqué hace casi 10 años ya planteé estas cuestiones y propuse una metodología para responderlas. Para resumirlo en una frase podríamos sencillamente recordar que cuando tratamos de una propuesta política con un poder transformador tan grande, y con un elevado grado de incertidumbre es necesario experimentar primero y es mejor empezar por hacer “experimentos con gaseosa”.

Como en los anteriores post de esta serie ha llegado el momento de proponer algunas ideas concretas, realizables en un tiempo breve (quizá durante este mismo año 2015), con un coste reducido y con escaso riesgo político para el partido que se atreva a incluirlas en su programa:

1.    Establecer un sistema de información que recoja datos fiables sobre los comportamientos de los beneficiarios. Es sorprendente la facilidad con la que cualquier político o periodista tiene rápidamente una opinión sobre lo que ocurrirá cuando se dé a la gente una renta básica universal y el poco interés que parecen demostrar en estudiar qué sucedería en realidad. Ahora mismo ya existe un sistema de garantía de Rentas Mínimas en todas las CCAA, pero casi ninguna de ellas ha establecido un sistema de recogida de información sobre el comportamiento de los beneficiarios. O si recoge esa información no la publica. ¿Está resolviendo el problema de pobreza? ¿Les está ayudando a encontrar empleo o a la integración social? No lo sabemos. Crear un sistema de recogida de información depende sólo de la voluntad política y es un primer paso imprescindible. Se puede hacer de varias formas, rápidamente y con muy bajo coste. Hay cosas elementales que las CCAA podrían hacer inmediatamente para mejorar la política de garantía de rentas existente:

a.   Crear un registro público de solicitantes y beneficiarios para conseguir información de seguimiento. Ya he comentado este aspecto en el artículo sobre viabilidad administrativa. El sistema de gestión debe suministrar información útil para la gestión, pero también para la mejora del sistema y para poder documentar ante la ciudadanía cuáles son los comportamientos reales de solicitantes y beneficiarios. Los ciudadanos que pagamos impuestos tenemos derecho a saber en qué medida los recursos dedicados a luchar contra la pobreza están siendo bien empleados. El recuento y seguimiento de los solicitantes es también muy importante para ofrecer información sobre el estado de necesidad. Esto no lo hace todavía ninguna CCAA y es también algo sencillo de crear, rápido de implementar y muy poco costoso de mantener. Tendría un gran poder como elemento de legitimación política del programa.

b.   Dotar de transparencia y publicidad al registro. La publicidad sirve para regular el sistema y para favorecer acciones complementarias de otros programas de asistencia pública o de ayuda privada. Para actuar eficazmente sobre un problema es necesario conocerlo bien, conocer el conjunto de acciones que se están realizando y los efectos que están teniendo. En la actualidad hay muchas acciones públicas y privadas descoordinadas por lo que su eficacia está con toda seguridad por debajo de lo posible. No nos podemos permitir un desperdicio de recursos que son de importancia vital para quienes los necesitan. 

c.    Seguimiento en paralelo mediante datos de encuesta. Las encuestas tienen la ventaja de suministrar información sobre toda la población, no sólo sobre solicitantes y beneficiarios. Se puede optar por crear una encuesta propia como hizo el País Vasco, o sencillamente por estudiar en detalle los datos proporcionados por la Encuesta de Condiciones de Vida del INE.

d.   Encomendar la recopilación e interpretación de toda esta información a una Agencia Independiente del Gobierno. La independencia es importante para evitar la politización de este programa. Se trata de un programa demasiado importante para que se lo pueda apropiar una fuerza política. Preferiblemente a una agencia que rinda cuentas al Parlamento. Podría ser una agencia transversal de Evaluación de Políticas Públicas o una agencia creada específicamente para seguir y evaluar los efectos del programa de garantía de rentas. La información proporcionada por esta Agencia será clave para adaptar los presupuestos y normas al comportamiento del programa.

2.    Una forma de prevenir los efectos indeseables de una política de garantía de rentas sería establecer normativamente alguna forma de autoregulación adaptativa del presupuesto dedicado al programa, es decir, un servomecanismo que funcione como un “termostato”. Por ejemplo, una vez establecido un presupuesto para la garantía de rentas, se puede indexar el crecimiento del presupuesto a repartir a la evolución de la recaudación fiscal. Todas las CCAA tienen ya un presupuesto de Rentas Mínimas, quizá ridículo en algunos casos, pero lo tienen. La idea es comprometerse políticamente a que este presupuesto se mantenga al menos en relación con la capacidad recaudatoria de la CCAA. Naturalmente, si un partido político incluye entre sus objetivos la reducción de la pobreza y la desigualdad debería establecer también un compromiso de crecimiento del porcentaje de recursos dedicados a garantizar rentas. Algunos ejemplos:

a.    Establecer un “presupuesto diana a alcanzar” que se adapte a la cantidad de solicitudes previstas a partir de la información de años anteriores. Los presupuestos públicos se aprueban con antelación. Para realizar un proceso racional de presupuesto es necesario tener una previsión de los recursos que serían necesarios para alcanzar a toda la población necesitada (presupuesto deseado).

b.    Ajustar el proyecto de presupuesto del Gobierno a la capacidad presupuestaria de la comunidad política. Sabemos que partimos de una situación en la que los presupuestos que las CCAA dedican a la garantía de rentas están muy por debajo de lo necesario, pero no se puede exigir a un gobierno a repartir más recursos de los que dispone. De modo que el presupuesto aprobado será inicialmente inferior al deseado. Pero sí se puede establecer el compromiso de incrementar gradualmente este presupuesto con la ambición de alcanzar lo antes posible la dimensión del presupuesto deseado.

c.    Establecer normas sencillas de reparto de los recursos presupuestarios disponibles dando prioridad a los más pobres entre los pobres y a extender la ayuda al máximo número de personas. Estas normas deben incluir la máxima transparencia para prevenir cualquier tipo de desviación o fraude que comprometería la viabilidad política del programa. Deben establecer asimismo las obligaciones de información de los solicitantes para poder ser elegibles y de los beneficiarios para seguir recibiendo la ayuda.

d.   Prever un mecanismo de autorregulación para el momento en que el presupuesto disponible permita alcanzar la cantidad que se necesita. Inicialmente la diferencia entre lo deseable y lo posible será grande por lo que el presupuesto asignado inicialmente deberá aumentarse gradualmente. Pero ha de llegar un momento en que el presupuesto para la RBC se acerque al deseado. En este momento ya no debería crecer más sino buscar la estabilidad consolidándose como un mecanismo social de garantía de rentas robusto con capacidad para resistir los ciclos económicos. Un mecanismo que podría funcionar bien para cumplir este papel sería ajustar el presupuesto a repartir al promedio del presupuesto del programa en los 4 años anteriores. Al mismo tiempo, la cantidad máxima de renta individual a repartir no debería superar la cantidad resultante de dividir el “presupuesto deseado” por el total de beneficiarios. La combinación de estos dos mecanismos daría gran estabilidad al sistema de garantía de rentas evitando crecimientos excesivos en épocas de expansión y reducciones bruscas en épocas de recesión. Además, en épocas de crecimiento podría generar un excedente que debería guardarse como fondo de reserva para utilizar en los años malos.
  
3.    Adicionalmente es importante promover “experimentos con gaseosa”. Las ideas propuestas en el punto 2 tienen el problema de ser lentas y de partir del modelo actual de Rentas Mínimas que es un modelo bastante alejado de lo que podríamos considerar un modelo de garantía de rentas ideal. Para saber cómo se comportaría la gente al recibir una renta garantizada sin comprobación previa de medios económicos ni condicionada a un programa de inserción necesitamos poner en marcha iniciativas de tipo experimental de alcance reducido en tiempo y población. De este modo podemos obtener rápidamente el conocimiento que necesitamos para tomar decisiones políticas acertadas, con un bajo coste económico y político. Podemos imaginar muchos experimentos, pero para que sirva a los efectos de obtener respuestas para las principales controversias políticas experimentales conviene cuidar muy bien el diseño del experimento. Así, para conocer el impacto de la introducción de la RBC en la población el experimento debe incluir a personas que no la necesitan para poder observar los efectos en todo tipo de personas. Propongo un diseño experimental que podría funcionar bien para evaluar científicamente los efectos de un modelo de garantía de rentas semejante a la idea de la RBC: 

a.    La administración de la comunidad política crea una lotería en la que los premiados recibirán una renta de cuantía semejante a la deseada para la RBC. Cualquier persona puede participar en la lotería comprando números. Y quienes figuren en el registro de solicitantes de la RBC participarían en el sorteo en cualquier caso, sin necesidad de comprar números. Las cantidades recaudadas se dedicarían íntegramente a pagar los premios. La cantidad a repartir podría ser incrementada mediante una asignación presupuestaria inicial para asegurar que se alcanza un número suficiente de premiados independientemente de lo que se recaude por venta de números de la lotería. Se podría organizar un sorteo mensual hasta conseguir una muestra suficiente. 

b.    Se pueden establecer premios de distinta cuantía pero que necesariamente se cobrarán en forma de renta mensual. En la práctica significaría que habría premios que darían para pagar una renta durante 6 meses, o 12 meses o 24 meses, por ejemplo. Los ganadores deberían firmar un compromiso de información al aceptar el premio rellenando un cuestionario mensual sobre su comportamiento. De este modo los costes de recogida de la información del experimento serían muy bajos.

c.    Los compradores de números podrían recibir números adicionales a cambio de suministrar también información mediante un cuestionario semejante al de los solicitantes y beneficiarios. De este modo tendríamos dos grupos en seguimiento que proporcionan información comparable, un grupo experimental de premiados que son beneficiarios de una renta mensual y un grupo de de personas no premiadas que servirían de grupo de control para evaluar objetivamente las diferencias de comportamiento y de resultados entre ambos grupos. ¿Serán los resultados aceptables para la mayoría del electorado? Esta es la cuestión clave que ha de resolver el experimento. 


d.    Este experimento permitiría disponer de información empírica muy relevante en muy pocos meses. Esta información, elaborada por la agencia independiente de evaluación, permitiría resolver de forma objetiva muchas de las incertidumbres de comportamiento comentadas anteriormente. A partir de esta información la administración podría modelar la normativa de regulación de la política de garantía de rentas con mayor probabilidad de lograr un sistema eficaz, eficiente y exento de efectos indeseables.

Con este post damos por terminada la serie sobre viabilidad política de la RBC. ¿Serán capaces los partidos españoles de provechar alguna de las ideas propuestas para incorporarla en los programas políticos con los que se batirán en las próximas contiendas electorales? Desde aquí manifestamos la mejor disposición para colaborar con cualquier partido interesado en incorporar en sus programas una propuesta de garantía de rentas políticamente viable en España.

Rafael Pinilla

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jueves, 29 de enero de 2015

La viabilidad política de la Renta Básica de Ciudadanía (IV): Condiciones para la viabilidad psicológica


La viabilidad política de la RBC (IV): Condiciones para la viabilidad psicológica

(Este es el cuarto post de una serie de 5 sobre viabilidad política de la RBC. Si quieres leer la serie empezando por el primer post puedes hacer clic aquí).

Si la RBC se presenta como dinero fácil y seguro a cambio
de nada, será inviable porque es inaceptable para la mayoría

Siguiendo la clasificación propuesta por De Wispelaere y Noguera la viabilidad psicológica se refiere a la percepción emocional de la propuesta por la mayor parte del electorado. Para que una propuesta política pueda reunir la mayoría de los votos es necesario conseguir que el electorado la perciba como consistente su sistema de valores, es decir, con los valores generalmente aceptados. Los valores sociales van cambiando con el tiempo y una idea fuertemente rechazada en un momento dado puede ser aceptada más adelante, y viceversa. Pero buscar el apoyo del electorado para una idea que choca con alguno de los valores esenciales es una estrategia condenada al fracaso.

En el caso de la garantía de rentas tenemos que ser conscientes de que la mayoría de los ciudadanos consideran un deber social la lucha contra la pobreza y piensan que un exceso de desigualdad social es injusto e indeseable. Este “principio de solidaridad” tiene  carácter universal y se acepta sin discusión por amplias capas de la población en cualquier país del mundo. Una propuesta de garantía de rentas, en la medida en que conecta con este valor universal puede recibir un amplio apoyo. Si embargo, también es universal el “principio de reciprocidad”, que podríamos expresar como que se espera que las personas que reciben ayuda económica de la sociedad deben mostrarse agradecidas y esforzarse por salir de su situación de necesidad lo antes posible consiguiendo un empleo remunerado, además de respetar la legalidad y las normas sociales. Quizá la propuesta de la renta básica pueda ser apoyada por algunas personas que de forma ingenua creen que es posible que el Estado conceda a todos una renta a cambio de nada. Pero la mayoría de los votantes saben, aunque solo sea intuitivamente, que eso no es posible, porque todos sabemos que nada es realmente gratis

Por ello, una propuesta de RBC que se presente como dinero fácil a cambio
de nada, será psicológicamente inviable
, porque es automáticamente inaceptable para la mayoría, sin discusión. Los valores sociales profundamente arraigados funcionan como prejuicios y es muy poco probable que la discusión racional o las pruebas científicas vayan a modificar estos prejuicios. La palabra prejuicio tiene connotaciones negativas, pero es un mecanismo psicológico natural que todos tenemos porque se trata de un mecanismo útil y eficaz para defendernos de lo desconocido. 

Dificultades para la viabilidad psicológica de una política de garantia de rentas en España


En España venimos soportando tasas de desempleo muy elevadas desde hace décadas. Las tasas de desempleo de España vienen ocupando los primeros puestos de Europa desde al menos 1975. Prácticamente todas las familias españolas conocen el problema de cerca y cuentan con familiares directos que sufren o han sufrido el paro, las grandes dificultades que representa encontrar un empleo, y la dificultad todavía mayor de encontrar hoy día un empleo a tiempo completo y bien remunerado. Es decir, en España el empleo es un bien escaso y muy deseado. Por ello cualquier medida relacionada con el empleo es un asunto muy serio que no se puede tomar a la ligera. 

Partiendo del nivel de desempleo que tenemos en España y la proporción de empleos precarios, un sistema de garantía de garantía de rentas debe diseñarse de modo que aumente el empleo, facilite un mejor reparto del empleo existente y mejore las condiciones laborales de los trabajadores. En la medida en que la política de rentas demuestre este potencial podrá lograr un gran apoyo electoral. Pero existen dos grandes dificultades para ello.

1.    Los defensores de la RBC hemos insistido con demasiada frecuencia en la universalidad del derecho a la RBC, esto es, que el derecho es de todos los ciudadanos, incluso de los que no la necesitan y de los que no quieren trabajar. Y no hemos dedicado suficiente atención a matizar que es perfectamente legítimo que la comunidad política que garantiza el derecho establezca las condiciones en que se podrá ejercer y las circunstancias en que se puede limitar. Del mismo modo en que podemos decir que todos tienen derecho a ser libres, pero la comunidad puede restringir las libertades de los que no respetan las leyes y cometen delitos. El problema es que resulta muy fácil atacar el concepto de universalidad indiscriminada. ¿La cobrarían también los ricos? ¿Se la darían también a los vagos? Si queremos tener alguna posibilidad es necesario definir la política de garantía de rentas de modo que quede muy claro que los ricos no la cobrarán, y los vagos tampoco.

La sociedad economicista atribuye escaso valor a las
actividades y trabajos no remunerados
2.    La otra gran dificultad es lo que podríamos denominar “economicismo imperante”. El hecho es que la sociedad actual tiende a medir todo en términos monetarios. Y por ello tiende a sobrevalorar todo lo que tiene un precio y a infravalorar lo que no lo tiene. En el caso del trabajo, se concede gran valor social a los trabajos que están bien remunerados, mientras que no se valoran apenas las actividades sin remuneración. Pongamos un par de ejemplos opuestos para ilustrar el problema. Se asigna un gran valor social al trabajo que realizan los intermediarios financieros (brokers) porque ganan mucho dinero. Se supone que pueden crear mucho "valor para el accionista", pero también es verdad que la crisis económica cuyas consecuencias todavía sufrimos la provocó el “trabajo” de estos profesionales. En el extremo opuesto, se asigna escaso valor al trabajo doméstico, al tiempo dedicado al estudio, o al tiempo no profesional dedicado a cuidar a niños o personas mayores… Es decir que el mercado, tal como funciona en la práctica, asigna grandes remuneraciones a personas que hacen más daño que otra cosa y deja sin remuneración a millones de personas que hacen cosas buenas y útiles. Y tendemos a confundir el valor social de las actividades humanas con la remuneración que el mercado paga por ellas. ¿No deberíamos diseñar algunos mecanismos para corregir esto? 

Cómo mejorar la viabilidad psicológica de las políticas de garantía de rentas


Es evidente que en una sociedad democrática cualquier propuesta política que aspire a ser implantada debe formularse de modo que pueda ser votada por la mayoría del electorado, y en particular por la mayoría de los contribuyentes. Y para ello es esencial diseñar las propuestas de garantía de rentas de modo que sean eficaces en llegar esencialmente a quienes más la necesitan. Además, es muy importante que podamos presentar la propuesta de forma consistente con el principio de reciprocidad. He aquí algunas ideas para mejorar la viabilidad política de las políticas de rentas. No pretenden ser originales sino efectivas:

1.    Presentarla como una política cuyo objetivo esencial es la reducción de la pobreza. La reducción de la desigualdad no es un objetivo tan claro porque al menos parte de la desigualdad se puede justificar. Para ello es importante que exista un mecanismo eficaz para asignar la prestación económica a las personas, empezando por quienes más la necesitan. Por ejemplo, en un modelo de renta básica pura se supone que todos reciben la RB y luego se aplican los impuestos de modo que los “ricos” cobran inicialmente la RB, pero luego han de pagar una cantidad de impuestos muy superior, pero se trata de un mecanismo complicado de explicar y provoca incomprensión que todos reciban una renta cuya finalidad esencial debería ser reducir la pobreza. De algún modo es necesario controlar los medios económicos disponibles para decidir quien recibe ayuda económica de la política de rentas. Pero para ser eficaz y llegar a todo el que la necesita es importante que el control de medios no se convierta en un obstáculo previo en el que el beneficiario tiene de “demostrar” que necesita la RBC. Hay al menos dos formas en que se puede garantizar el derecho a la RBC, con un control de medios “a posteriori”:

a.    Invertir la carga de la prueba en los sistemas actuales de Rentas Mínimas de las CCAA (RMI) es necesario reunir gran cantidad de papeles y demostrar que se necesita la RMI. El sistema parece diseñado para mantener reducido el gasto más que para llegar con eficacia a quien realmente necesita la RMI. Es decir, el sistema presume que el pobre es “culpable” mientras no demuestre lo contrario. La carga de la prueba debería asumirla la administración. Sería más eficaz que la administración sistema acepte la información aportada por los solicitantes y en función de ello reconozca inmediatamente el derecho a la RMI correspondiente, aunque lógicamente las declaraciones de los interesados estarán sujetas a comprobación e inspección posterior. Quienes incluyan datos erróneos o falsos en la solicitud siempre pueden ser sancionados, obligados s devolver las cantidades percibidas no merecidas, o ser castigados con algún tipo de multa o trabajo a realizar para la comunidad. En realidad así es como funcionan las declaraciones de impuestos como el IRPF, en forma de declaración. Esta idea es consistente con las ideas expuestas en el post anterior sobre viabilidad administrativa.

b.    Utilizar la infraestructura de la Agencia Tributaria para gestionar las transferencias de la política de rentas. Esta idea es compatible con la anterior. La gestión del IRPF ya funciona con declaración previa y control posterior. La utilización de la infraestructura administrativa del IRPF para la gestión de la política de rentas permitiría la “universalización” del derecho de un modo práctico y comprensible al que la ciudadanía ya está acostumbrada. El derecho a la RBC de cualquier persona con ingresos medios o altos se materializaría como descuento en la cuota del impuesto. Los pobres tendrían exactamente el mismo derecho, pero por su condición de tener bajos ingresos su descuento en la cuota del impuesto se convertiría en una “cuota de impuesto negativa”, esto es, en una renta a percibir. No plantea ninguna dificultad en especial la práctica de estos cálculos de forma mensual para garantizar que los beneficiarios reciban su transferencia de ayuda mensualmente, en una cuantía ajustada a los ingresos que puedan conseguir por otros medios. La capacidad demostrada de la Agencia Tributaria para capturar y gestionar grandes cantidades de datos de los ciudadanos por medios informáticos facilita un control efectivo del sistema.

2.    Presentar la política de rentas de forma complementaria y consistente con las políticas de promoción del empleo. Según las encuestas, el desempleo es el problema que más preocupa a los ciudadanos en España. La pobreza y la desigualdad son en parte consecuencia del desempleo. Pero crear empleo no es suficiente para acabar con la pobreza, ni garantiza reducir la desigualdad. Los más pobres entre los desempleados no son los primeros que conseguirán un empleo ni los que tienen mayor probabilidad de mantenerse empleados. Además, en un mercado de trabajo en el que hay muchos demandantes de empleo y poca oferta de puestos de trabajo los salarios tienden a bajar sin que el mercado por sí mismo pueda garantizar que los salarios sean suficientes para evitar la pobreza (se puede tener trabajo y seguir siendo pobre si los salarios son muy bajos). Por ello, en una situación de desempleo muy elevado la introducción de un sistema de garantía de rentas debe ser compatible con los ingresos del trabajo. Podemos diseñar la política de garantía de rentas de modo que favorezca la creación de empleo, mejorando el nivel de ingresos de los trabajadores pobres y sin aumentar los costes de las empresas. Para ello es necesario que el sistema de garantía de rentas tenga estas características:

a.    Que las transferencias de la política de rentas sean compatibles con los ingresos procedentes del trabajo remunerado. Esta característica es esencial para evitar la llamada “trampa de la pobreza” de los programas clásicos de asistencia social (los beneficiarios que encuentran un empleo corren el riesgo de perder la ayuda social). Para ello basta con que los beneficiarios puedan conservar al menos una parte significativa de su ayuda a medida que van logrando ingresos por sí mismos.

b.    Que los beneficiarios de la política de rentas tengan derecho preferente a participar en programas de formación y mejora para el empleo. Pero la participación en estos programas debe ser voluntaria para un mejor aprovechamiento de los recursos escasos.

c.    Establecer un sistema de bonificación al empleo de los trabajadores con bajos salarios. Se trata de asegurar que exista una diferencia significativa entre los ingresos que consigue un beneficiario de la ayuda que no trabaja y los que puede conseguir con un empleo remunerado, al mismo tiempo que se eleva el poder adquisitivo de los trabajadores con bajos salarios para evitar el fenómeno de los "trabajadores pobres".

d.    Hacer de la garantía de rentas la contrapartida fundamental a las medidas de flexibilización del mercado de trabajo.  Un sistema de garantía de rentas bien diseñado debe defender al trabajador de los riesgos de la flexibilidad (que favorecen esencialmente a las empresas). La garantía de rentas ofrece al trabajador mayor capacidad de negociar salario y condiciones de trabajo, lo que estimula a las empresas a crear puestos de trabajo productivos. Por otra parte permite al empresario mantener los costes contenidos ya que puede complementar el salario con la ayuda recibida de la política de rentas. La política de garantía de rentas es una pieza clave para implantar en España el concepto europeo de flexiseguridad.

3.    Utilizar la política de rentas para reconocer y poner en valor determinadas actividades de carácter no remunerado que tienen valor social. Se trata de llenar de contenido el concepto de “ciudadanía”. Hace ya tiempo que el economista británico Anthony Atkinson, uno de los impulsores más vigorosos de la idea de la renta básica por motivos de eficiencia económica, expuso el problema de la “viabilidad psicológica” y propuso como solución lo que denominó “Renta de Participación” (participation income). Desde su punto de vista, la sociedad puede estar preparada para entender y admitir que existen muchas actividades de valor social más allá del trabajo remunerado, tales como el cuidado de hijos, el trabajo voluntario en el sector público o en entidades sin fines de lucro (ONGs), o el tiempo dedicado a estudiar, y no tendría problema en reconocer que cualquiera que esté realizando este tipo de actividades reciba una ayuda económica por ello. Sin embargo, la sociedad no admitirá que reciba una renta básica aquellas personas que no desean hacer nada útil e incluso tienen comportamientos antisociales. De modo que propuso el concepto de Renta de Participación que podrían recibir todos aquellos que pudieran acreditar que realizan alguna actividad de utilidad social y respetan la legalidad. Si combinamos esta idea con la anteriormente comentada de “invertir la carga de la prueba” podríamos tener un sistema muy eficaz de llegar a pagar una RBC a todos aquellos que realizan actividades de utilidad social y respetan la legalidad (en definitiva se comportan como buenos ciudadanos), excluyendo únicamente a quienes rechazan colaborar al bien común. El sistema se podría implementar fácilmente por el procedimiento ya comentado al proponer ideas para mejorar la viabilidad institucional: que los solicitantes firmen un compromiso de ciudadanía. Este compromiso no debería incluiría la obligatoriedad de trabajar ni de intentarlo, pero sí podría incluir una serie de obligaciones como las siguientes:

a.    Declarar mensualmente cualquier tipo de ingresos del trabajo para ajustar la renta recibida en función de ello, así como rellenar mensualmente un cuestionario informativo sobre el tipo de actividades de utilidad social realizadas

b.    Compromiso de respetar la legalidad y cumplir con las obligaciones fiscales

c.    Mostrar una buena disposición para participar en las actividades de formación y de inserción que se le propongan

Al igual que en los post anteriores tan sólo hemos tratado de exponer una serie de ideas que podrían facilitar la creación de un programa eficaz y eficiente de lucha contra la pobreza y la desigualdad. Ideas expuestas a la crítica y el debate.

Rafael Pinilla