La política de garantía de ingresos en España

La asignatura pendiente de la protección social en España

Resumen

Evolución del número de desempleados en España

España no ha sido capaz de garantizar unos ingresos decentes a los ciudadanos durante la crisis. Pero el origen de este problema es anterior a la crisis de 2007-13. España sufre desde los años 80 de elevadas tasas de desempleo que apenas ha bajado del 10% durante unos pocos años. Los años de bonanza no fueron aprovechados para corregir el problema ni prevenir futuras crisis. Y existe un problema demográfico de fondo que pone además en riesgo el futuro de las pensiones. Se concluye que al menos parte del problema social actual, no es económico sino de modelo social y, por tanto, España sí puede actuar. España necesita replantear con urgencia su política de garantía de ingresos.

El problema de la garantía de ingresos

El lanzamiento de este blog es una buena noticia. España necesita replantear con urgencia su política de garantía de ingresos y, dentro de ella, los programas de renta básica pueden tener protagonismo.

Como demuestran las colas en las puertas de los bancos de alimentos, el liderazgo de entidades como Cáritas en la protección a los más desfavorecidos o la salida masiva de población del país, el sistema público de protección en España no ha sido capaz de garantizar unos ingresos mínimos decentes a todos sus habitantes durante el periodo de crisis. Ha aumentado de forma significativa la pobreza y España se ha convertido en uno de los países con mayores niveles de desigualdad en Europa.

Los orígenes del problema

Los orígenes de este problema son muy anteriores a la crisis económica del periodo 2007-2013. Se relacionan con el impacto a largo plazo de la destrucción de una parte sustancial del tejido industrial español en los años 70 y 80 del pasado siglo. Sin que el desarrollo del sector servicios consiguiera durante mucho tiempo compensar la caída del empleo industrial, las consecuencias de este proceso económico se vieron agravadas por la llegada al mercado de trabajo de las generaciones anchas del baby boom de los años 50 a 70.

Desde 1980, España sólo ha vivido un periodo equivalente a tres años con un nivel de paro inferior al 10% (entre el segundo trimestre de 2005 y el primero de 2008). En los últimos 34 años, la tasa de paro ha superado el 15% durante 23 años y el 20% durante 11 años y medio. No se trata sólo, además, de desempleo sino de precariedad laboral masiva y estructural. A primeros de 2014, un 46,2% de la población activa española se encontraba desempleada o trabajaba en un empleo temporal o a tiempo parcial.

 

Desde la perspectiva social, España nunca ha hecho frente a esta realidad, dejando de lado a una parte de su ciudadanía, en particular a la población adulta joven afectada de forma crónica por el desempleo, la eventualidad en el trabajo o los bajos salarios. Esta insuficiencia de origen se ha visto además acentuada, desde finales de los años 80, por un fuerte incremento del precio de la vivienda, apenas algo matizado a partir de la crisis financiera. La progresiva atomización de las estructuras familiares, resultado de la modernización de las formas de vida, ha contribuido igualmente a acentuar los desajustes del sistema de protección social español, muy poco adaptado para hacer frente a problemáticas como las que presentan las familias monoparentales.

La insuficiente protección a personas desempleadas de larga duración y a población trabajadora con bajos salarios ha sido un problema permanente que ha tenido graves consecuencias sociales para España. La ausencia de un buen sistema de prestaciones familiares y de garantía de ingresos mínimos ha provocado un desequilibrio demográfico que puede acabar en los próximos años con el sistema de pensiones que conocemos, ha contribuido al mantenimiento de elevadas tasas de pobreza incluso en periodos de fuerte crecimiento económico y ha acentuado las dramáticas consecuencias de la crisis reciente.

Dos procesos sociales decisivos

En cierta forma, el boom económico de los años 1996 a 2006 sólo ha servido para difuminar el alcance de los problemas existentes y acentuar sus implicaciones sociales durante la crisis. En particular, las consecuencias de dos procesos sociales decisivos en este periodo no han sido suficientemente tenidas en cuenta.

El primero tiene que ver con el impacto demográfico de una política migratoria que, en apenas una década, convirtió a España de nación de emigrantes a país de atracción masiva de población extranjera. Entre 1996 y el periodo 2008-2010, este proceso se tradujo en una aportación de 3,5 millones de personas más a la población activa. Este incremento se sumó, en el mismo periodo, al aumento en 3,2 millones de la población activa nacional, resultado de la tendencia al alza de las tasas de actividad.

En este contexto, la reproducción de tasas de paro superiores al 20% a partir de 2010 tiene una dimensión muy diferente en la España actual que en la de los años 80 y 90. Frente a cifras máximas cercanas a los 4 millones de personas desempleadas en aquellos años, el desempleo actual aún se mantiene cerca de los 5,5 millones en 2014, habiendo traspasado durante la crisis el umbral de los 6 millones.

El segundo proceso relevante se relaciona con un factor habitualmente poco considerado al analizar el origen del boom de la construcción durante el último periodo de crecimiento económico en España. Se trata del acceso masivo a la vida independiente de la población joven que, como consecuencia del paro y de la inestabilidad laboral, había retrasado la salida del hogar familiar en los años 80 y 90. Asociado a la llegada de población inmigrante, este proceso supone pasar de alrededor de 12,3 millones de hogares en 1996 a 18,3 millones en 2014, con un incremento del 49,2%.

Las consecuencias de esta evolución es una sustancial transformación en el perfil interno de la población afectada por el desempleo durante la crisis del periodo 2006-2013. Mientras la mayor parte de las personas desempleadas en España eran menores de 30 años en los picos de desempleo de 1988 y 1994 (63,8% y 53,7%), en el momento álgido de la crisis en 2013, un 70,5% de las personas desempleadas tenían más de 30 años. Este cambio se vincula a un sustancial incremento de la parte que corresponde, dentro del colectivo desempleado, a las personas con responsabilidades en el mantenimiento del hogar. Así, frente a un 37,9% en 1988 y un 44,7% en 1994, la proporción de población desempleada que es persona de referencia en el hogar, o su cónyuge o pareja, sube en 2013 al 64,8%.

Las implicaciones combinadas de los dos procesos señalados aparecen de forma muy nítida al considerar cifras absolutas. De esta forma, el número de personas desempleadas con responsabilidades en el mantenimiento del hogar aumenta de 1,14 millones en 1988 y 1,76 millones en 1994 a 4,07 en 2013. Este cambio explica que la crisis social actual no tenga precedentes en la España postfranquista.

El fuerte aumento del número de hogares a partir de 1996 obliga a señalar, por otra parte, que el impulso de la construcción en ese periodo no respondió sólo a un modelo de crecimiento económico irracional. El discurso sobre la crisis de ese sector no debería llevar a descuidar el estudio de las bases que lo hicieron posible ni a olvidar que el crecimiento se extendió a todos los sectores productivos, provocando una verdadera transformación económica del país.

Pero España puede hacer frente al problema

Aunque sorprenda esta afirmación, la potencia económica de España es muy superior en 2015 a la de 1996. El máximo exponente de esta realidad es la evolución de la población ocupada más estructuralmente integrada en el sistema productivo. La suma de la población empleadora, autónoma, cooperativista y asalariada con contrato indefinido era de 9,12 millones de personas en 1996 pero de 13,76 en 2014, con un aumento del 50,8%. Las personas que han sufrido la crisis han sido otras

Puede sostenerse, por ello, que parte del problema social actual no es económico sino de modelo social. España sí puede por tanto actuar. Y debe hacerlo. Por supuesto por razones de solidaridad y fraternidad humana. Pero también por razones económicas.

Las políticas de garantía de ingresos no sólo son medidas de tipo social; también constituyen uno de los pilares de un modelo más efectivo de desarrollo económico. Las carencias en esta materia son una de las razones del fracaso de España en hacer frente con éxito y rapidez a las consecuencias de la recesión. Por esa razón, la extensión a toda la población del derecho a una garantía mínima de ingresos es una de las principales reformas económicas pendientes en España, una reforma que resulta necesaria para consolidar una estructura social y económica más estable.

España tiene capacidad económica para garantizar un nivel de recursos suficientes a toda su población. La cuestión es que se decida a hacerlo. Y hay que decirlo: en lo relativo a los grupos más desfavorecidos de la población en edad laboral, es algo a lo que se ha resistido conscientemente hasta ahora. España no es en 2015, como tampoco lo era en 2008, un país solidario. No al menos con quienes más necesitan hoy del apoyo de la sociedad, las personas afectadas por el desempleo, en muchos casos personas jóvenes con hijos o hijas.

La cuestión básica que queda sin resolver sigue siendo, por tanto, la misma que cuando se plantearon las primeras experiencias de rentas mínimas autonómicas en España. ¿Quiere o no la sociedad española garantizar a toda su población residente unos recursos económicos mínimos? Y, en caso positivo, ¿en qué condiciones?

La respuesta que se quiera dar a estas preguntas es más relevante que el debate técnico sobre las bondades o perversiones de las distintas modalidades susceptibles de hacer efectiva la protección deseada. La principal tarea de este blog no debería centrarse, por tanto, en defender algún tipo de respuesta con la intención de negar toda virtualidad a otras vías de actuación sino en debatir las distintas alternativas que se nos ofrecen para avanzar en el camino que nos lleve a garantizar a toda la población unos ingresos mínimos suficientes. Y, como premisa previa, insistir en la idea de que todos los habitantes de España tienen un derecho incondicional a esa garantía de ingresos.

Luis Sanzo

PS: Un comentario final para explicar mi participación en este blog. En los últimos meses, instituciones como las Juntas Generales de Gipuzkoa, la Junta de Andalucía, EAPN, Cáritas o Comisiones Obreras, etc., han pedido mi opinión sobre cómo mejorar el sistema de garantía de ingresos. Es en este mismo contexto en el que he aceptado la invitación de Rafael Pinilla a participar en este blog. Mi intención es apoyar, desde una perspectiva técnica y sin contrapartida alguna, a todas aquellas personas que trabajan por mejorar la política de garantía de ingresos en España.

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