martes, 29 de septiembre de 2015

Debatiendo las políticas de garantías de rentas (III)



Parte 3: Una propuesta alternativa de actuación en la que se tengan además en cuenta las necesidades de la población trabajadora con menores ingresos

España se enfrenta a la necesidad de abordar la problemática de la pobreza. Y lo hace en un contexto fiscal difícil, con una alta tasa de paro, una deuda acumulada cercana al 100% del PIB y un escenario de elevados déficits anuales, todavía hoy cercanos al 6%. Se enfrenta además a un proceso de envejecimiento en el que tiene que afrontar el nivel más alto de gasto en pensiones hasta ahora conocido.

En estas circunstancias, resulta imprescindible anteponer el objetivo de eliminar la pobreza a cualquier otra consideración, fomentando las soluciones que puedan resultar más eficaces y que cuenten con el aval de la evidencia y los resultados contrastados. Sacralizar determinados medios o instrumentos, en detrimento de la consecución del objetivo, ya sea para imponer una solución basada en la regulación estatal frente a la autonómica, ya sea para impulsar un cambio completo de los fundamentos actuales del sistema de protección, constituiría un grave error.

Tweet de José Antonio Noguera, uno de los participantes en el Seminario sobre política de garantía de ingreso celebrado el 11 de septiembre de 2015 en Zaragoza. En agradecimiento al organizador, Pau Marí Klose.
 
En este contexto, una línea de intervención para España en materia de garantía de ingresos podría pasar por tres tipos de actuaciones complementarias que contarían, al menos en parte, con el apoyo de los distintos agentes impulsores del cambio en las políticas de garantía de ingresos:

1. La primera intentaría recoger los planteamientos hoy dominantes que pretenden ampliar la extensión de la protección a las personas, ya sea en la línea Renta Básica o en la de ampliación de la cobertura del sistema de prestaciones no contributivas de la Seguridad Social.
  
   Una propuesta de este tipo implicaría profundizar en la línea planteada de mejorar de las prestaciones para menores, con la perspectiva puesta en una Renta Básica para la población menor de 18 años. Supondría igualmente extender la atención a las personas sin ingresos, en especial en el caso de la población desempleada. Las propuestas de Renta Básica para ciertos colectivos, el Mínimo Vital del PSOE o la prestación para desempleados de UGT y CCOO constituyen ejemplos de dinámicas positivas en esta dirección.

2. La segunda línea de actuación debería centrarse en desarrollar un sistema complementario de prestaciones autonómicas que, partiendo de los mínimos establecidos en el ámbito de la Seguridad Social, procurara optimizar los recursos disponibles para acercarse al objetivo de cobertura de las necesidades básicas para la existencia en condiciones dignas. En un contexto de recursos financieros escasos, aún queda un papel decisivo para las actuaciones que la Constitución sitúa en el campo de la asistencia social.

   La línea de intervención de las Comunidades Autónomas debería seguir centrándose en consolidar una última red de garantía que, en caso necesario, pudiera completar la protección de base individual de la Seguridad Social a través de un sistema de Rentas Mínimas que tengan en cuenta las necesidades de las unidades de convivencia realmente existentes. Las Rentas Mínimas autonómicas también deberían atender a los grupos desatendidos por el sistema de prestaciones generales de la Seguridad Social.

   La política de Rentas Mínimas autonómicas debe sin embargo reformarse para garantizar el derecho a la protección mientras persista la situación de necesidad, sin que el apoyo pueda subordinarse a la existencia de disponibilidades presupuestarias o a la aplicación de políticas de contraprestación. Las Rentas Mínimas deben además diseñarse de acuerdo con planteamientos universalistas, favoreciendo la atención a toda la población necesitada, con independencia de la situación en relación con la actividad.

    La concepción y la gestión autonómica de este sistema no implican que el Estado no pueda establecer en una ley general unos mínimos a garantizar. En tal caso, en esta ley general el Estado debería igualmente definir la parte de financiación del programa que le correspondería para hacer efectivos esos mínimos garantizados.

3.  La actuación autonómica para establecer una última red de protección no termina sin embargo con las prestaciones de garantía de ingresos. Resulta necesario prever, en tercer lugar, mecanismos complementarios que hagan frente a necesidades puntuales de la población. Estos programas son necesarios para prevenir crisis de ajuste entre ingresos y gastos. Deben enfocarse, además, con criterios más amplios que el del programa de garantía de ingresos anterior en cuanto a la población destinataria del sistema de ayudas y prestaciones.

   Las necesidades a atender tendrían que tomar en consideración el objetivo de garantizar el acceso y mantenimiento de la población en la vivienda, además de hacer frente a otras necesidades puntuales y a situaciones de emergencia.

Las actuaciones señaladas pueden complementarse con otras medidas más ambiciosas, orientadas a mejorar el bienestar general de la población. En particular, resulta de importancia introducir un sistema de bonificación al empleo que garantice en toda situación una mejor posición personal y familiar en caso de acceso al trabajo. En función de las preferencias que se establezcan, estas medidas pueden aplicarse en vinculación al sistema de garantía de ingresos o integrarse dentro del sistema fiscal.

Junto a unas políticas familiares que tiendan a la universalización y un sistema de ayudas de emergencia de objetivos amplios, este tipo de actuaciones de bonificación al empleo constituyen una pieza clave en unas políticas sociales equilibradas que pretendan mejorar el bienestar de toda la población y no sólo de la parte más desfavorecida de la misma. El proceso de acceso a la protección social no puede introducir fronteras bruscas y estancas entre quienes acceden o no a ella. No puede tampoco situar en mejores condiciones sociales y económicas a quienes no participan del proceso productivo. Sólo si se cumplen esas condiciones, una decidida política de apoyo a la parte más débil de la sociedad llegará a ser considerada completamente legítima por el conjunto de la población.

Las distintas actuaciones señaladas deben integrarse en el modelo general de protección social en España. Pero las medidas a incorporar a una propuesta ambiciosa de política contra la pobreza tampoco terminan ahí. Los programas de garantía de ingresos deben completarse con otras actuaciones. Entre ellas se incluyen todas las medidas que contribuyan a hacer efectivo el derecho al trabajo a través de programas de activación, formación, intermediación, apoyo y acceso al empleo. También deben contemplarse actuaciones que aborden el problema de sobreendeudamiento que afecta a muchas familias en España.

Este conjunto de medidas podría incorporarse a un Plan Interinstitucional de Lucha contra la Pobreza en España que hiciera realidad la necesidad de acción coordinada de las distintas Administraciones públicas. El Senado sería el marco racional en el que pudiera hacerse efectivo el debate y el acuerdo respecto a este Plan.

El Plan no debería olvidar que, además de garantizar a toda la población la cobertura de las necesidades básicas para la existencia, nuestra sociedad tiene también otra obligación clave. Se trata, en particular, de hacer posible que las nuevas generaciones jóvenes que acceden a la vida adulta tengan la oportunidad de tener un acceso normalizado a los bienes que hacen posible la estabilidad de un país: una vivienda adecuada y a precios razonables y un empleo estable y suficientemente remunerado.

En los próximos meses, muchas de las incógnitas hoy planteadas empezarán a resolverse. Pero dos experiencias del pasado reciente en España deberían inspirar la actuación. La primera nos indica que es necesario ampliar la protección; la segunda que ninguna posibilidad de intervención debe ser menospreciada, ni siquiera en lo relativa a la política social autonómica. Ambición y flexibilidad deben presidir cualquier reforma de las actuaciones públicas en la lucha contra la pobreza.