El coste de las políticas de garantía de ingresos. Una aproximación a las distintas alternativas (II)

(Este artículo es el segundo de una serie de 4. Si quieres leer el primer artículo de la serie puedes pincuar aquí)

El coste de aplicación en España de un modelo de garantía de ingresos similar al del País Vasco supone, tal y como se pudo comprobar en la primera entrega, un gasto suplementario para las Administraciones Públicas de alrededor de 15.295 millones de euros.

El esfuerzo social que implicaría movilizar esta cuantía en transferencias hacia la parte más desfavorecida de la población puede parecer escaso a algunos sectores en España, en especial a aquellos que defienden programas de aplicación de la Renta Básica. Como veremos en entregas posteriores, el coste de introducción de un modelo de Renta Básica, incluso basado en cuantías muy reducidas, por ejemplo 426 euros por persona, resulta en efecto alrededor de cuatro veces superior al requerido para aplicar un modelo de rentas mínimas similar al de Euskadi.

Pero habrá probablemente también grupos sociales, probablemente más numerosos y poderosos, que considerarán elevado el esfuerzo que requiere pone en marcha el modelo vasco. En esta entrega nos centramos en las alternativas e garantía de ingresos que podrían suponer un menor gasto social añadido. Como en la entrega anterior, se presentan los datos generales, sin entrar a un análisis detallado de las implicaciones. Éstas se formularán en la entrega final de las serie.

Se plantean tres modelos alternativos en esta entrega. En el primero de ellos, modelo A, se reduce la cuantía base de garantía para una persona sola de 600 a 500 euros, ajustándose proporcionalmente y a la baja la bonificación al empleo asociada. La aplicación de este modelo, para personas sin actividad económica, implica un complemento de 175 euros para la segunda persona del hogar y de 100 para las siguientes (frente a 210 y 120 en el modelo más asimilable al vasco).

En el segundo modelo, modelo B, se reduce la cuantía base para una persona sola a 426 euros, una cifra en línea con el sistema de ayudas mínimas del Estado, por ejemplo en relación con las nuevas ayudas a parados sin derecho a prestación o subsidio. La aplicación de este modelo, para personas sin actividad económica, implica un complemento de 150 euros para la segunda persona del hogar y de 85 para las siguientes. Se mantiene el sistema de bonificación al empleo, de nuevo ajustado a la baja en términos proporcionales.

En el tercer modelo, modelo C, se mantienen las cifras base del modelo B pero con carácter general, sin aplicar por tanto estímulos al empleo. Todas las unidades familiares accederían al mismo nivel de recursos, tanto si tuvieran relación con el sistema productivo como en caso contrario.

El coste de aplicación de los tres modelos permitiría una sustancial reducción del gasto en relación con la aplicación del modelo similar al vasco. En el modelo menos ambicioso, el C, el coste sería de 4.601,5 millones de euros, apenas un 0,48% del PIB. La aplicación de las cuantías previstas en el modelo C, pero en paralelo a la aplicación de un sistema de bonificación al empleo, llevaría el gasto suplementario a 5.840,9 millones de euros, un 0,60% del PIB. Una aproximación más cercana al modelo vasco, pero con cuantías mucho más moderadas, supondría gastar 8.487,6 millones suplementarios, un 0,85% del PIB. Se trata de una cuantía ya relevante pero bastante alejada del coste del sistema asimilable al de Euskadi.

La aplicación de estas vías alternativas para la garantía de ingresos beneficiaría a Andalucía, comunidad que recogería entre el 29,8 y el 33% del gasto suplementario a realizar (frente al 27,7% asociados al modelo vasco). Pero también tendría un importante impacto en la Comunidad Valenciana, con variaciones entre el 9,8 y el 10,9% del gasto suplementario total. 

Madrid y Cataluña recogerían entre un 16,2% y un 19,8% del gasto, creciente conforme más generoso fuera el sistema de garantías. Su participación se alejaría sin embargo del 21,5% de participación vinculado a la aplicación del modelo Euskadi. 

Canarias y Castilla-La Mancha participarían, por su parte, con entre un 12,1 y un 12,6% del gasto. En las comunidades del noroeste español, Galicia y Castilla-León recogerían entre un 11,3 y un 11,5% del gasto. En estas cuatro comunidades, así como en la Comunidad Valenciana, Como en el caso de la Comunidad Valenciana, se trataría de porcentajes cercanos a los asociados al modelo vasco.

En el resto de la zona noroeste (Asturias, Cantabria, Rioja, Navarra y Euskadi), la participación sería mínima, entre el 2,4 y el 3,1%, inferior incluso al 3,7% de aplicación del modelo vasco. A una mejor social de estas zonas se unen sistemas autonómicos de garantía de ingresos que cubren ya las necesidades de garantía planteadas. El gasto suplementario de aplicación sería así muy reducido.

Luis Sanzo

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