miércoles, 25 de febrero de 2015

Revisamos el proyecto económico de Ciudadanos contra el paro, la pobreza y la desigualdad (3/3)

Hoy concluimos con la serie de Luis Sanzo, que ha analizado el programa económico de Ciudadanos en sus aspectos relacionados con el complemento salarial anual (CSAG) y sus relaciones con el salario mínimo y la renta de ingresos garantizada de otros países europeos, con el análisis de su propuesta de contrato único.

 El contrato único y la temporalidad

Ciudadanos plantea “Un nuevo marco de relaciones laborales que elimine la temporalidad y acabe con la precariedad”, señalando que aspira a que la norma habitual de contratación laboral sea un contrato indefinido al que define como Contrato para la Igualdad de Oportunidades. Ve en esta aproximación “el germen de un nuevo marco de relaciones laborales en el que sean compatibles la flexibilidad empresarial y la estabilidad laboral de los trabajadores”.

El planteamiento contractual de Ciudadanos recoge, por tanto, la propuesta de FEDEA de contrato único como solución a la eliminación de la dualidad en el mercado de trabajo entre unos trabajadores indefinidos protegidos y temporales desprotegidos. El problema, no obstante, es que la dualidad real no es ésa, ni se reduce limitando la protección a los trabajadores indefinidos. El problema central es la existencia de una inseguridad básica en las condiciones de acceso al mercado de trabajo. Trabajar en sectores, ramas, empresas o profesiones con empleo más o menos seguro o no es la base real de la dualidad económica existente en España.

Aunque el sistema de créditos fiscales podrá contribuir a mejorar uno de los graves problemas, la existencia de una baja remuneración en algunos sectores, no sirve para resolver el problema de la inestabilidad de ciertos ámbitos de la economía española. El problema de fondo, que explica parte de la importancia de la contratación eventual –fraudulenta y abusiva en ocasiones pero en otras no- no es la modalidad de contrato, es la debilidad de una parte del sistema productivo español.

Este problema no se resolverá con el establecimiento de un sistema de falsos contratos indefinidos, con escasa protección asociada. La ruptura de esos contratos equivaldrá a la finalización de los contratos temporales, en especial en las crisis recurrentes que afectan a la economía española.

Hay otra cuestión, quizás menor pero igualmente relevante, que debería aclararse en la aproximación basada en el sistema de contrato único y es el tratamiento de las circunstancias atípicas en la contratación. En un sistema muy sujeto al ciclo productivo, por ejemplo en el turismo, es evidente que será necesario mantener formatos abiertos a modalidades de contratación temporal si se pretende mantener el empleo. Esto promete abrir una vía amplia a las excepciones en el contrato único, una cuestión que sin embargo es necesario abordar desde quienes defienden ese planteamiento.

Otro problema se relaciona con un hecho destacable en una economía muy sujeta al ciclo, tanto en el corto como en el medio y largo plazo, con amplios ámbitos de actividad relativamente precarios. Se trata de que las potenciales limitaciones a la contratación temporal podrían llevar a traducirse en una caída de la contratación. Hay suficientes datos para sostener que, tanto en el inicio como en el final de los ciclos alcistas, la contratación temporal minimiza el riesgo que supone la apuesta por la creación o el mantenimiento del empleo en determinadas ramas o ámbitos de actividad. El avance de la contratación indefinida, vía conversión de contratos temporales en indefinidos, que caracterizó el proceso de auge económico hasta 2008, muestra que la apuesta realizada hasta aquel año puede tener sentido como alternativo a la progresiva reducción del coste del despido que se esconde detrás del planteamiento del contrato único.


¿Por qué no mirar dentro de nuestras fronteras?

Las propuestas de Ciudadanos se fijan de forma llamativa en los modelos desarrollados fuera de nuestras fronteras. Las referencias son híbridas, como hemos podido comprobar, dado que no incorporan modelos socio-económicos integrales sino parte de los mismos. El ejemplo más claro hace referencia a la apuesta por un modelo de flexiseguridad sin renta garantizada. Ese modelo no existe en ninguna parte en los países económica y socialmente más desarrollado. Ni en los escandinavos ni en Estados Unidos o el Reino Unido.

La realidad, sin embargo, es que no siempre resulta necesario salir del Estado para encontrar experiencias de interés. Dentro de sus limitaciones, que un Estado potente como el español podría resolver y superar con facilidad, el modelo vasco es ejemplo de una experiencia de cierto éxito a la hora de combinar renta garantizada y sistemas de bonificación al empleo. En el periodo de crisis de 2008 a 2013, no ha habido otra comunidad autónoma que haya tenido mejores resultados en términos de mantenimiento de la población, contención en el aumento del desempleo y posición comparada en los niveles de afiliación. Tras la reconversión industrial, el País Vasco, y de forma particular el Gran Bilbao, constituían sin embargo la más pura expresión del riesgo de decadencia postindustrial de un país. Eran el Detroit de España que sin duda un Michael Moore español habría querido retratar.


El País Vasco es, en este contexto, un ejemplo de cómo la aplicación de un sistema mínimamente efectivo de renta garantizada resulta positivo para prevenir otro de los problemas señalado por Ciudadanos, el del excesivo endeudamiento. Lo demuestran no sólo las bajas tasas comparadas de desahucios sino también indicadores de acceso a niveles de ahorro suficiente para hacer frente a gastos extraordinarios que sólo pueden encontrarse en algunos de los países europeos socialmente más desarrollados.

Luis Sanzo

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